La Revolución Mexicana, una introducción

por | POLÍTICA INTERNACIONAL

La Revolución Mexicana fue mucho más que una sucesión de combates y tratados: fue el estallido de tensiones sociales, políticas y culturales que desde finales del siglo XIX agitaban un país atrapado entre la modernización impulsada por Porfirio Díaz y la excluyente concentración de poder y riqueza.

Hombres armados, México 1919

Hombres armados, México 1919

Más que un episodio puntual, se trató de un proceso vivo que arrancó en 1910 y se prolongó, con altibajos, hasta bien entrados los años veinte. Su legado —agrario, constitucional, artístico y simbólico— continúa resonando en el México contemporáneo. Desde el Porfiriato, por Porfirio Díaz, México mostraba un rostro doble: por un lado, un crecimiento económico sostenido con un Producto Interno Bruto que avanzó a un ritmo promedio del 5 % anual entre 1900 y 1910; por otro, un despojo sistemático de tierras que concentró más del 90 % de la superficie cultivable en manos de pocas familias y compañías extranjeras. En términos cuantitativos, entre 1880 y 1910 se transfirieron a latifundistas casi 18 millones de hectáreas, una cifra equivalente a más del 40 % de las tierras disponibles antes del auge porfirista. Mientras los ferrocarriles —su número se duplicó en dos décadas— conectaban puertos con el interior y la inversión foránea superaba los 200 millones de pesos oro, campesinos y jornaleros malvivían en aparcerías que les ofrecían un ingreso inferior al 30 % del valor real de su trabajo.

En las ciudades emergía una burguesía incipiente: maestros con estudios en la Normal de San Nicolás (Escuela Normal de Educación Preescolar «Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido» en Yucatán, México), pequeños comerciantes del Centro Histórico y funcionarios de bajo rango que demandaban libertad de prensa y procesos electorales libres. Tras décadas de censura y fraude electoral —en las elecciones de 1908, Díaz registró “unanimidad” en varios estados—, la exigencia de “sufragio efectivo, no reelección” de Francisco I. Madero caló hondo. Al mismo tiempo, en Morelos, Emiliano Zapata agrupaba a campesinos desposeídos tras la publicación de su Plan de Ayala, reclamando la restitución de tierras usurpadas y la autonomía comunal. Esa confluencia de demandas políticas y agrarias alimentó el clima de rebelión.

La chispa se encendió el 20 de noviembre de 1910, cuando Madero convocó al alzamiento. En menos de seis meses, la División del Norte de Pancho Villa y las columnas de Pascual Orozco lograron capturar Casas Grandes, Ciudad Juárez y avanzar a la renuncia de Díaz el 25 de mayo de 1911. En el sur, Zapata liberó sin mayor resistencia Cuautla y paralelamente apoderó haciendas cuya extensión total rozaba las 200 000 hectáreas. Parecía haberse triunfado, pero la presidencia de Madero —instalada el 6 de noviembre— resultó tibia: no expropió granjas, mantuvo a gran parte de la burocracia porfirista y pospuso la implementación del artículo agrario que había prometido. Esa moderación fracturó la alianza revolucionaria, sembrando resentimientos incluso entre los generales que le habían garantizado la caída de Díaz.

La traición se materializó con el golpe de Victoriano Huerta en febrero de 1913, cuando Madero fue asesinado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. Así comenzó la etapa más cruenta de la Revolución: la “Revolución dentro de la Revolución”. Venustiano Carranza, desde Coahuila, organizó a los Constitucionalistas; Villa desafió al usurpador en el norte, y Zapata mantuvo firme el grito de tierra y libertad en el sur. El conflicto, marcado por tácticas de asedio, uso de artillería y los primeros vuelos de reconocimiento con aviones, se cobró más de un millón de vidas —directas e indirectas— y dejó centenares de miles de desplazados.

Ante el desgaste, Carranza convocó un Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución de 1917, la primera en América Latina en consagrar derechos sociales de manera explícita. El artículo 27 estableció el dominio de la Nación sobre subsuelos y aguas, y proclamó la restitución de tierras a comunidades e individuos injustamente despojados. El artículo 123 reconoció derechos laborales como la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la protección a la mujer trabajadora. Este texto llevaba la impronta de juristas e intelectuales nacidos de la lucha popular y, aunque su aplicación fue desigual, sirvió de brújula para las políticas estatales de los años veinte y treinta.

El periodo de posrevolución mostró aciertos y deficiencias. En materia agraria, entre 1920 y 1940 se crearon más de 28 000 ejidos que beneficiaron a un millón y medio de campesinos, reconstruyendo el tejido rural. Sin embargo, la productividad apenas aumentó un 10 % en ese lapso, debido a la carencia de crédito, asistencia técnica y mercados accesibles. Para 1940, menos del 30 % de las comunidades rurales contaba con caminos transitables todo el año, lo que disparaba los costos de transporte y encarecía insumos.

Mural de Pancho Villa a caballo

Mural de Pancho Villa a caballo

En educación, la expansión fue notable: la tasa de alfabetización en zonas rurales saltó del 20 % en 1910 al 45 % en 1925, gracias a campañas masivas lideradas por José Vasconcelos y Lázaro Cárdenas. Aun así, en 1920 existía únicamente una escuela pública para 3 000 habitantes rurales, mientras en la ciudad la proporción era de una por cada 800. Esa desigualdad en infraestructura perpetuó la brecha cultural entre campo y urbe. En salud pública, la esperanza de vida subió de 35 a 42 años entre 1910 y 1930, y la mortalidad infantil disminuyó de 250 a 180 decesos por cada 1 000 nacidos vivos, gracias a la creación de dispensarios rurales y más de 1 500 fumigaciones antimaláricas. Aun así, hasta mediados del siglo pasado el acceso a servicios médicos seguía siendo una aspiración para la mayoría de los municipios.

La Revolución Mexicana reconfiguró también el papel de la mujer. Más de 10 000 soldaderas acompañaron a los ejércitos, atendieron heridos y, en ciertos casos, empuñaron las armas. Las crónicas de la época relatan su participación en la toma de Torreón (1914) y su presencia en trincheras olvidadas. Sin embargo, su derecho al voto se postergó hasta 1947 en el ámbito municipal y 1953 a nivel federal. Pese a ello, figuras como “La Adelita” pasaron a la cultura popular y alimentaron corridos, novelas y pinturas que hoy se reconocen como preámbulo de los movimientos feministas que surgirían medio siglo más tarde.

En lo cultural, el muralismo revolucionario tradujo la epopeya popular en imágenes monumentales. Diego Rivera decoró los pasillos de la Secretaría de Educación Pública con escenas de trabajo colectivo y solidaridad; José Clemente Orozco llenó el Hospicio Cabañas con sus visiones crudas de la condición humana; David Alfaro Siqueiros pintó en el Castillo de Chapultepec frescos dinámicos que conectaban el presente con el pasado indígena. Sus murales se convirtieron en “biblias de la revolución”, accesibles a quien supiera leer el lenguaje de los colores y las formas.

El tramo final de la Revolución desembocó en la consolidación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, germen del PRI, y marcó el inicio de la “revolución institucionalizada”. Esta fase logró articular faccionalismos dispersos bajo un solo paraguas político, pero a costa de cooptar a dirigentes regionales y centralizar el poder en la Ciudad de México. El caciquismo posrevolucionario y la tecnocracia en ascenso crearon un sistema que, durante más de siete décadas, ofreció estabilidad a cambio de limitar la participación auténtica de grupos indígenas, campesinos y mujeres.

En las últimas décadas del siglo XX, la apertura económica y las reformas neoliberales desmantelaron parte del andamiaje agrario revolucionario. La reforma de 1992 permitió la venta de tierras ejidales, revirtiendo parcialmente las conquistas de 1917 y profundizando la incertidumbre de millones de campesinos. Hoy se estima que más de 600 000 hectáreas de ejidos han pasado a manos privadas, reavivando dudas sobre la soberanía alimentaria y la justicia social.

La Constitución de 1917, reformada más de 700 veces, conserva su espíritu social, pero necesita reinterpretaciones que garanticen derechos digitales, acceso a agua potable y equidad de género. Los murales siguen vivos en las plazas, pero urge una iconografía que represente la diversidad regional y étnica.

El centenario de la Revolución, en 2010, reavivó debates historiográficos: ¿fue una gesta de justicia social o una pugna de caudillos? ¿Triunfó la democracia o se impuso un autoritarismo maquillado de partidismo único?