Ganadores y perdedores con la inflación
La inflación es uno de los desafíos más complejos de nuestra economía contemporánea. Cuando los precios suben de manera descontrolada, la sensación generalizada en la sociedad es de pérdida absoluta, pero la realidad financiera es mucho más fascinante, llena de matices y de contrastes.
Representación riesgo de inflación
Imaginemos un escenario macroeconómico concreto: el precio del petróleo se dispara drásticamente en los mercados internacionales debido a un conflicto geopolítico, un ejemplo clásico de inflación. Este encarecimiento de la energía actúa inmediatamente como una ficha de dominó, elevando los costes de transporte, la producción industrial y, finalmente, el precio de los bienes básicos que consumimos a diario. Sin embargo, no todos los participantes de este ecosistema sufren por igual.
El Estado como actor ambivalente ante la inflación
Se suele afirmar en los debates financieros, y con mucha razón, que el Estado es uno de los grandes ganadores en las crisis de precios. El motivo principal reside en la elasticidad de su recaudación tributaria. Siguiendo nuestro ejemplo del shock petrolero, si un litro de combustible pasa de costar un euro a costar dos euros en el surtidor, el porcentaje de impuestos indirectos que grava ese producto, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, reportará automáticamente el doble de ingresos a las arcas públicas por cada litro vendido.
Además de este efecto inmediato en el consumo, existe un impacto directo sobre las rentas del trabajo. A medida que los salarios de los ciudadanos suben ligeramente para intentar compensar el aumento del coste de vida, estos contribuyentes saltan a tramos impositivos más altos en el impuesto sobre la renta, un fenómeno conocido técnicamente como progresividad en frío o rémora fiscal. De esta forma, sin necesidad de legislar nuevas tasas ni asumir el coste político de subir los impuestos, el gobierno recauda una porción mayor de la riqueza nacional. Sumado a esto, la inflación licúa la deuda soberana; el Estado, que suele ser el mayor deudor de un país, devuelve el dinero a sus acreedores internacionales con billetes que hoy valen mucho menos que cuando se emitieron los bonos.
No obstante, nuestro análisis quedaría incompleto y sesgado si olvidamos que el Estado también es el mayor consumidor de la economía. Para iluminar carreteras, mantener hospitales públicos operativos o abastecer a las flotas de seguridad ciudadana, la administración debe comprar esa misma energía que ahora es mucho más cara. Igualmente, si las pensiones de jubilación y los salarios de los funcionarios públicos están blindados e indexados al índice de precios al consumo, el gasto estructural del gobierno se dispara de forma vertiginosa. Esto significa que el aparente beneficio a corto plazo se enfrenta al abismo de un grave déficit operativo a largo plazo si la crisis energética se prolonga, obligando al Estado a emitir aún más deuda. Teniendo en cuenta, además, que una alta inflación sostenida puede afectar al empleo y por tanto reducir la empleabilidad dentro de una economía, y con esto, la riqueza recaudatoria del Estado.
El poder corporativo y los beneficios en tiempos de inflación
Al dirigir nuestra mirada al vasto tejido empresarial, descubrimos rápidamente que agrupar a todos los negocios bajo la misma palabra es un error analítico. Las corporaciones energéticas extractivas y las grandes refinerías son, por pura lógica matemática y de mercado, las vencedoras inmediatas del encarecimiento del crudo. Estas gigantescas empresas extraen o procesan un recurso natural cuyos costes fijos e infraestructuras ya están ampliamente amortizados, pero venden el producto final al nuevo precio dictado por el pánico internacional. El resultado es que reportan márgenes de beneficios trimestrales que rompen récords históricos, escenificando un trasvase directo de riqueza desde el bolsillo del consumidor global hacia las cuentas de resultados de sus accionistas.
Aumento del precio del combustible
Para el resto de las empresas que conforman la economía, la victoria o la ruina se miden por un concepto microeconómico crucial: el poder de fijación de precios. Las multinacionales tecnológicas, los grandes oligopolios de supermercados o las marcas de bienes básicos de primera necesidad poseen la rara capacidad de trasladar cada céntimo de su encarecimiento logístico al cliente final. Incluso, como han señalado recientes informes económicos, muchas de estas entidades aprovechan la confusión generalizada para aumentar sus precios por encima de sus sobrecostes reales, generando lo que se denomina inflación impulsada por los márgenes de beneficio. Por el contrario, la pequeña panadería de barrio, el restaurante local o el transportista autónomo carecen de esta fuerza estructural.
Si deciden subir sus precios en la misma proporción que sus costes, perderán instantáneamente a su clientela. Se ven forzados, por tanto, a absorber el golpe financiero en solitario, reduciendo sus ganancias hasta rozar el límite de la quiebra técnica.
La paradoja de las familias y la inflación
Al descender al nivel de la calle y analizar los presupuestos de los hogares, el impacto de los precios se revela de una manera profundamente desigual y, a menudo, trágica. Para la inmensa mayoría de las familias trabajadoras, un shock inflacionario es devastador desde el primer minuto. El salario de un trabajador asalariado suele ser sumamente rígido; requiere meses o incluso años para actualizarse mediante largas negociaciones de convenios colectivos. Mientras tanto, ese salario pierde su capacidad de compra día a día. Comprar la misma cesta básica de alimentos o mantener el hogar caliente exige un porcentaje mucho mayor de los ingresos netos mensuales, lo que aniquila la capacidad de ahorro y empobrece silenciosamente a la clase media y baja de la sociedad.
A pesar de este panorama sombrío, la gran sorpresa analítica surge cuando observamos el funcionamiento del mercado de la deuda privada. En el seno mismo de la sociedad, los individuos endeudados a tipo de interés fijo emergen de manera contraintuitiva como grandes ganadores. Pensemos en el ejemplo cuantitativo de una familia que, de manera muy previsora, contrató una hipoteca a treinta años con un interés fijo del dos por ciento justo antes de la escalada internacional del crudo. Si el coste de la vida general sube de repente un ocho por ciento, el valor real de su enorme deuda se pulveriza a un ritmo acelerado. Están devolviendo el préstamo al banco entregando un dinero fiduciario que hoy tiene un poder adquisitivo significativamente menor que el día que firmaron las escrituras. En la otra cara de esta misma moneda encontramos al eterno perdedor: el ahorrador conservador. Aquel individuo prudente que ha guardado el fruto de su trabajo durante décadas en una cuenta bancaria corriente con una nula o baja rentabilidad, sufre un castigo severo. Sus ahorros se evaporan en el aire, perdiendo su valor intrínseco de compra y subsidiando en la sombra, de forma involuntaria, a los actores más endeudados del sistema.
Resulta fundamental desmentir una de las confusiones más frustrantes para cualquier ciudadano: ¿por qué, cuando la tasa de inflación oficial finalmente desciende, los precios en el supermercado no bajan? Esta aparente contradicción se explica mediante un fenómeno conocido en la academia como la «rigidez de los precios a la baja» o efecto trinquete. Debemos entender primero una diferencia técnica clave: una bajada en los indicadores oficiales significa desinflación (los precios siguen subiendo, pero a un ritmo mucho más lento), no deflación (una caída real y absoluta de los precios). Una vez que el shock inicial del petróleo se estabiliza y los consumidores han asimilado —aunque dolorosamente— el nuevo coste de la vida, las grandes empresas con poder de mercado se resisten ferozmente a revertir sus tarifas. Han descubierto empíricamente que la demanda es capaz de soportar ese nuevo umbral de gasto, bien porque una determinada economía estructuralmente puede aceptarlo, asimilarlo y adaptarse a la nueva situación, bien porque se han llevado a cabo políticas económicas y sociales para que la demanda de los ciudadanos integre la mencionada subida de los precios. Por lo tanto, deciden mantener los precios artificialmente altos a pesar de que sus costes de transporte o energía ya hayan disminuido. De este modo, consolidan sus márgenes de beneficio de manera permanente, demostrando que la crisis no fue solo un bache temporal, sino una oportunidad estratégica para reestructurar y maximizar sus ganancias a largo plazo.
En conclusión, la escalada generalizada de los precios no es un fenómeno meteorológico inevitable que empobrece a toda la población por igual. Es, en esencia, un mecanismo invisible de redistribución de la riqueza sumamente asimétrico y regresivo. Comprender quién gana y quién pierde en esta dinámica nos permite rechazar las narrativas simples y exigir a los poderes públicos respuestas más equitativas. Si el Estado recauda ingresos fiscales extraordinarios debido a la ilusión monetaria, existe un deber económico y moral de devolver ese excedente a las capas más vulnerables del tejido productivo. Solo mediante políticas justas y focalizadas se puede evitar que las corporaciones monopolísticas y los gobiernos altamente endeudados saneen sus cuentas a costa del esfuerzo y la estabilidad del ciudadano medio.
Bibliografía Académica
- Blanchard, O., & Galí, J. (2007). The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s?. National Bureau of Economic Research.
- Fisher, I. (1933). The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica.
- Keynes, J. M. (1923). A Tract on Monetary Reform. Macmillan.
- Weber, I., & Wasner, A. (2023). Sellers’ Inflation, Profits and Macroeconomic Policy. University of Massachusetts Amherst, Department of Economics.
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